La seguridad industrial interesa a toda la ciudadanía, que debe exigirla por ser su receptora y beneficiaria.
Todos los ciudadanos son los verdaderos receptores y beneficiarios de la seguridad industrial, como derecho específico y base fundamental de la sociedad del bienestar.
Pero es necesario comprender que la efectividad del derecho a la seguridad industrial solo es posible si los titulares de instalaciones, tanto en entornos domésticos como industriales, así como en establecimientos sometidos a la normativa, cumplen con las obligaciones que se derivan.
De hecho, dichos titulares deberían ser los primeros interesados en mantener sus instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, por el derecho básico a la seguridad que asiste a todos los ciudadanos.
En este contexto, nace el Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial, que liderado por la Generalitat Valenciana, contempla acciones dirigidas a titulares de instalaciones, mediante una labor informativa y divulgativa, que les permita tomar conciencia de su responsabilidad, sin tener que adoptar medidas coercitivas.
Sólo desde el conocimiento y la sensibilización es posible garantizar, en positivo, el cumplimiento de las obligaciones, fomentando la conciencia sobre las ventajas y beneficios, particulares y sociales.
Por ello, el plan pretende hacer cómplices a todas y cada una de las personas, para que sean agentes activos, vigilantes y demandantes de seguridad industrial en sus entornos más inmediatos, desde su hogar, a su lugar de trabajo, pasando por locales de ocio, comercios, etc.